En la amplia labor de Idearium Caribe por rescatar, crear y publicar material histórico venezolano, con el objetivo de alcanzar a todos los connacionales posibles, curiosos del proceso de conformación nacional, también se inserta la tarea de establecer diálogos lúcidos con personalidades expertas en las materias de interés. En este caso, el examen riguroso del pasado siempre precisa de una personalidad calificada, y para tal motivo hemos buscado respuestas en las geniales reflexiones del profesor Guillermo Tell Aveledo Coll.
El profesor Tell Aveledo, a quien agradecemos su buena fe y disposición por acompañarnos en esta entrega, es uno de los politólogos e historiadores venezolanos más versados sobre la historia contemporánea el país. Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela y actual Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, es un fervoroso defensor de la enseñanza cívica y de las instituciones universitarias como centros de formación ciudadana; podría decirse, pues, que converge en la visión del taller cívico que visualizaba don Simón Rodríguez y más cercanamente, el doctor Arturo Uslar Pietri, al pensar sobre el objetivo de la Universidad en Venezuela.
Acompaña a su obra un lenguaje mesurado y crítico, no cae en pasiones y obedece a ese tipo de escritura que invita a ahondar sinceramente más en las cuestiones tratadas. Su catálogo de artículos y libros colaborativos, así como sus trabajos de tesis doctoral son ilustrativos en diversas materias: abarca desde la historia del pensamiento político y las relaciones entre Iglesia y Estado, hasta la metamorfosis de los partidos y las estructuras autoritarias.
En este nuevo diálogo de venezolanidad, me sumerjo en el pensamiento del profesor para desmenuzar algunas cuestiones relativas a los procesos de composición y desgaste político del Nuevo Ideal Nacional (1952-1958) y otras variables de su tiempo, como: la alteración del rumbo político con el magnicidio de Delgado Chalbaud, las relaciones de poder entre Estrada, Vallenilla Planchart y Pérez Jiménez, las críticas de Briceño-Iragorry a la dictadura militar, los altercados del régimen con la Iglesia católica, la pérdida del apoyo militar al final del período, el término de la Segunda República Liberal Democrática y la naciente revalorización histórica de diversos actores y períodos del pasado político venezolano en las juventudes actuales, entre otros tópicos.
Así, extendemos a nuestros lectores la oportunidad de introducirse a un debate, pienso, que se llena también de actualidad investigativa, en una conversación que se llena de claridad y dirección con las palabras de Tell Aveledo, en el sentido del deber histórico que, desde Idearium Caribe, siempre nos esforzamos por hacer: la comprensión de Venezuela.
¿Qué factores de inestabilidad institucional y sectarismo político en el Trienio facilitaron que las Fuerzas Armadas justificaran su intervención para imponer orden frente al riesgo latente de anarquía que venía incubándose desde la transición de 1936, haciendo que amplios sectores sociales aceptaran un nuevo modelo de autoridad militar?
La verdad es que el trienio liderado por Acción Democrática había sido una etapa de agitación política más bien generalizada, potenciada por la prepotencia que el apoyo popular dio a Acción Democrática, autorizando de cierta manera su relativa agresividad. Recordemos que incluso el sector moderado de Acción Democrática debía ser visto como un actor revolucionario y radical ante la tradición política venezolana de las últimas décadas. No había confianza hacia Acción Democrática entre los otros sectores partidarios de una política de apertura democrático-liberal, como eran los dos partidos 'burgueses' (URD y COPEI), elemento que era reconocido por el propio presidente Gallegos en su discurso de toma de posesión: «[...] partidos contrapuestos que actúan sin restricciones y se disputan la confianza popular, incluso con vehemencia que extralimita lo puramente ideológico».
La posición de urredistas y copeyanos, pese a ser beneficiarios en teoría del sistema de libertades delineado en la Constitución de 1947, reflejaba su frustración con la distancia que Acción Democrática, desde el gobierno y el ejercicio del poder, planteaba hacia ellos. Por otro lado, el ambiente de agitación militar había persistido desde el propio año 1945; ya por la influencia no menor del expresidente López Contreras desde el exilio, ya estimulada por las actividades de los tribunales de responsabilidad civil y administrativa que, junto con el temor por las medidas redistributivas y de organización popular, generaban la sensación de que hacía falta algún tipo de manifestación militar.
En los sectores democráticos burgueses esto era visto como una advertencia -es el tenor de COPEI-, mientras que en los sectores aristocráticos tradicionales era visto como una aspiración de orden no carente de nostalgia. En cualquier caso, la confianza excesiva de Acción Democrática en torno a la viabilidad política de su legitimidad popular ignoraba la tradición de la apelación militar, que había sido la norma venezolana desde sus orígenes. Este y otros errores los reconoció Manuel Pérez Guerrero en una sobria y larga carta a los líderes de AD en el exilio, en 1949, y el «canibalismo político» sería el leitmotiv de la «obsesión por el consenso» de la democracia pactada. Esta decisión consciente tiene mucho más mérito de lo que se aprecia.
También hay que recordar que la propia manifestación del 24 de noviembre no se plantea a sí misma como un movimiento pretoriano, sino como una corrección de los excesos que reivindica a su modo las banderas originales del 18 de octubre por parte de un actor crucial en ese movimiento, de modo que se buscaba apelar a un tipo de autoridad política distinta. El comandante Delgado Chalbaud dijo a los dirigentes políticos civiles que el movimiento del 24 de noviembre «de ninguna manera [se orientaba] hacia la instauración de una dictadura militar, ni disimulada». No sería así, claro, y eso sirve también a los sectores depuestos para reforzar su resistencia.
Durante la breve gestión de Carlos Delgado Chalbaud al frente de la Junta Militar (1948-1950), parecía perfilarse un rumbo hacia una república tecnocrática que buscaba conciliar la eficiencia técnica en la administración pública con el respeto a las libertades individuales y la eventual restitución de elecciones libres. ¿Cómo evalúa usted ese proyecto truncado y de qué manera su magnicidio alteró definitivamente la naturaleza y la velocidad del proceso político militar hacia el régimen unipersonal?
En el largo proceso de modernización venezolana, que incluyó la apertura hacia mayores garantías democráticas y participación popular, podemos bien afirmar que el gobierno presidido por Delgado Chalbaud sirvió como una especie de reversión a la media. Sin embargo, ya existían manifestaciones de cierta desconfianza en torno a la capacidad política del venezolano para ejercer sus derechos, entre otras cosas, por el temor a los años del trienio. Si bien la represión política se dirigió fundamentalmente a los actores de la izquierda (democrática o revolucionaria), la verdad es que esto implicaba la desmovilización de millares de venezolanos y la reorientación del sistema político hacia una dinámica que, en el mejor de los casos, era, como plantea la pregunta, tecnocrática.
Un elemento importante de esta reversión es el llamado por parte de la Junta Militar a la participación de figuras del proscrito PDV, la organización política del gobierno de Isaías Medina. Aquí se delinea, en voz de uno de los más destacados estadistas de aquella etapa y nuevamente ministro de Fomento, Manuel Egaña, la idea de un Nuevo Ideal Nacional, que a la postre sería simplificado en la ideología de la década militar: la noción de la transformación del medio físico por medio de la intervención del Estado en la creación de obras materiales de envergadura, aprovechando para ello la renta petrolera. A juicio de Egaña, que parece tener eco en sus compañeros de gabinete, el venezolano común no estaba capacitado para liderar un proceso de esta envergadura. Entonces, se prosigue la modernización material con un congelamiento o una pausa de la apertura política iniciada en 1936, y acaso desbocada en 1945.
Yo creo que hay más continuidad que ruptura entre la primera etapa de la Junta Militar y la etapa que eventualmente va a liderar Marcos Pérez Jiménez en términos de una visión general del desarrollo social y económico del país. Podríamos decir que el proceso a partir de 1952 va a ser más unipersonal, pero afirmar esto impondría desestimar el modo en que ya se habían establecido restricciones previas a la libertad de prensa, a la libertad de asociación y al derecho de reunión (si bien en medio de la emergencia política de 1948, también como parte de la tendencia general a la desmovilización). La expansión de esa tendencia quizás corresponde a elementos de contexto más inmediato y a la influencia concreta de las competencias desarrolladas por Pedro Estrada y otros en atención a los mecanismos de acción de contrainsurgencia comunista propios del inicio de la Guerra Fría.
Suele emplearse en la historiografía, y más extensamente en otros ámbitos de estudio o revisionismo, el término «perezjimenismo», sin embargo, el propio régimen rechazó el culto a la personalidad y la extracción de una figura para convertirla en doctrina personalista, defendiendo en su lugar una idea colectiva e institucional agrupada bajo el Nuevo Ideal Nacional. Considerando además la tesis expuesta por José Vicente Pepper de que la gestión transformó la percepción internacional del trópico al demostrar que el desarrollo no dependía de prejuicios raciales sino de la capacidad y la voluntad, ¿cómo analiza usted esta distinción historiográfica y hasta qué punto el Nuevo Ideal Nacional funcionó como una verdadera doctrina geopolítica de transformación física?
Esta es una pregunta muy interesante porque la verdad es que, en la medida en que avanzaba la primera etapa de la Junta Militar, una candidatura eventual de Delgado Chalbaud era más que una posibilidad; así que antes del «perezjimenismo» existió el «delgadismo». Pero claro, el proceso se posterga ante el hecho del magnicidio. Si bien Marcos Pérez Jiménez se beneficia de manera inmediata del vacío dejado por el asesinato de Delgado, la verdad es que el ascendente que el tachirense tenía sobre la institución militar indicaba que la tensión entre una presidencia «liberal tecnocrática» en torno a Delgado y un eventual desplazamiento de las Fuerzas Armadas del centro del poder nacional, habría generado inevitablemente una nucleación de este factor político en torno a su oficial más resaltante. Obviamente, la ambición personal y la propia concepción de la grandeza del destino juegan un papel, pero más allá del tono y estilo, estimo que estructuralmente no habría sido demasiado distinto en las preferencias de política pública.
En cualquier caso, yo sí considero al Nuevo Ideal Nacional como una doctrina política en sí misma coherente, que combinaba una visión de progreso material con una visión negativa de las capacidades políticas de la sociedad. Esto hace continua la línea de avances materiales en infraestructura, pero la redirige en términos de los objetivos y beneficiarios enfatizados en el gasto del Estado venezolano, otorgándole una gran centralidad al rol social y político de las Fuerzas Armadas.
Si bien la tecnocracia estatal logró triunfos monumentales en obras públicas, ¿cree usted que la ausencia de una mayor dosis de patriotismo humanista —al estilo del pensamiento de Mario Briceño-Iragorry— terminó por debilitar espiritualmente un proyecto de modernización que fue impecable en lo físico pero carente de un arraigo cultural más profundo?
Esa es otra pregunta muy interesante. En efecto, don Mario Briceño-Iragorry critica entonces el elemento materialista del sistema militar para, de cierta manera, desmerecer los logros en infraestructura, calificándolos como un elemento superficial frente a una corrupción política y moral dominante; desde una perspectiva hispanoamericana y católica, él puede ver al liberalismo y al socialismo hermanados en su elemento filosófico común: el descreimiento hacia lo metafísico. Por otro lado, esto va más allá; recordemos el debate público que sostuvo el artista guayanés Alejandro Otero en torno al valor estético del abstraccionismo y la modernidad.
Briceño Iragorry siempre fue una rara avis en el panorama intelectual de las élites criollas, aunque hay eco de eso también en las admoniciones del papa Pío XII sobre las desviaciones espirituales de la modernidad venezolana mientras se celebraba la consagración de la República de Venezuela a la Virgen de Coromoto; o el reclamo con respecto a la cuestión social desde una perspectiva católica por parte de Rafael Caldera en esa misma época.
Dicho esto, hay que matizar hasta qué punto hubo algún tipo de aspiración espiritual, genuina o performativa, por parte de la tecnocracia militar. La educación del carácter heroico y la herencia espiritual de los próceres es acaso la manifestación más evidente, pero así también la exaltación de cierta religiosidad sincrética en la elevación social del culto a María Lionza, y con ello el recuerdo de los caciques como parte de una heredad nacional. Y esta versión del patriotismo se aviene con la creencia de una vanguardia de liderazgo por encima de una multitud amorfa. ¿Cuán profundo habría sido esto de haberse desarrollado hasta sus últimas consecuencias? ¿Era solo una manifestación superficial? No lo sabemos, pero lo cierto es que un despliegue importante de esto está en la obra de Pedro Centeno Vallenilla, quien, a diferencia de otros artistas plásticos beneficiados por el auge de obras públicas de esa época, fue quizás el más largamente vinculado con el sistema.
Al abordar la represión en esta década, la historiografía suele señalar casos emblemáticos como el de Leonardo Ruiz Pineda —donde existen versiones e hipótesis controvertidas sobre las circunstancias de su deceso—, mientras se omite que el Estado enfrentaba la acción clandestina de facciones de Acción Democrática organizadas como células insurreccionales. Considerando que durante los primeros años de la democracia representativa también se recurrió a una severa represión y tortura explícita para contener la amenaza guerrillera por razones análogas de preservación del Estado, ¿cómo debe ponderar la historiografía actual el uso de la fuerza pública durante la década militar para evitar juzgar el control social desde un doble rasero político?
Creo que es muy necesario hacer un balance, sin relativizar, de la continuidad represiva del Estado venezolano. Cuando yo estudié Ciencias Políticas y estábamos en el final de la época de la COPRE y la Reforma del Estado, se caracterizaba a nuestras instituciones como de herencia gomecista en ese sentido, y la reciente historiografía trabajada por organizaciones de derechos humanos apunta en esa misma dirección. Y aquí hay una continuidad importante, pese a que las figuras concretas de la policía y el objeto directo de la represión eran distintos (o no, según la perspectiva con que se mire).
Esta va a ser una discusión de nunca acabar si se plantea dentro de las preferencias políticas de un sistema u otro como justificativas de la acción coercitiva del Estado. Por ese camino se llega también a la justificación de la era represiva que parece estar terminando en este momento, lo cual tiene sentido desde el realismo político, pero es ofensivo ante la aspiración de igualdad civil y política, y el espíritu garantista de nuestra incumplida tradición republicana desde sus orígenes. Dicho esto, si tuviera que hacer una diferencia sustancial entre ambos sistemas de represión, debo decir que en el caso de la democracia representativa existían instituciones que mitigaban e incluso podían impedir y corregir los abusos estatales: un entorno relativo de libertades que permitía la denuncia e incluso la investigación de estas acciones.
¿Cuál fue el peso real que ejercieron Pedro Estrada desde la Dirección de Seguridad Nacional y Laureano Vallenilla Lanz hijo como ministro de Relaciones Interiores en la vertebración del régimen, considerando tanto el lenguaje político de Vallenilla para afianzar el Nuevo Ideal Nacional como el hecho de que en testimonios posteriores, tanto Estrada como el propio Pérez Jiménez, desestimaran o trataran de forma casi denigrante la trascendencia de su participación?
Costaría pensar que el ministro de Relaciones Interiores, socialmente aventajado y de aquilatada tradición, no tuviese alguna incidencia en las decisiones del sistema; justamente sobre la base de ese criterio es que, en sus memorias, Vallenilla Planchart proyecta su participación en el gobierno. Estrada, por su parte, da testimonio de una carrera de ascenso desde una relativa oscuridad por medio de una metódica y cuidadosa atención al detalle y una eficiencia al servicio del poder.
Pero la derrota es huérfana, y lo que tienen en común los testimonios posteriores de Estrada, Vallenilla y Pérez Jiménez es un limitado sentido de autocrítica política en torno a la crisis que no supieron o no pudieron detener. Las recriminaciones mutuas son parte de este esquema, entonces hay que atenernos a las relativas evidencias documentales y hemerográficas. Tanto Estrada como Vallenilla acompañan las movidas políticas cruciales de Pérez Jiménez en el año 52 y en el año 57; ambos son operarios de acciones concretas para el mantenimiento del poder de este último, central el primero en la acción coercitiva del Estado, e importante el segundo en el manejo y trato de los actores políticos locales.
No fue Estrada un hombre de teorización, aunque sí de conciencia reflexiva con respecto a lo que consideraba su labor de Estado, mientras que Vallenilla Planchart puede reconocerse como comparativamente menos profundo que su padre. Como fuese, la salida de ambos no previno el fin del sistema, y su permanencia no había logrado subvertir la crisis. Tampoco recordamos a sus sucesores en sus respectivos cargos, aunque Llovera Páez, en Interior, tenía un ascendente propio que precedía a este nombramiento, a diferencia del coronel Velasco en la Seguridad Nacional.
¿Cuál fue, a su juicio, el detonante decisivo o la fisura interna determinante que provocó el rápido desmoronamiento de un gobierno que parecía institucionalmente consolidado?
El levantamiento militar del primero de enero es la manifestación más importante contra la dictadura, por encima de la pastoral de monseñor Arias Blanco o la protesta estudiantil frente al plebiscito. La idea de que no había unidad militar en torno a Pérez Jiménez convirtió su situación de sólida a desesperada de la noche a la mañana, y solo las dudas de un enfrentamiento militar más profundo prolongaron la agonía.
Es verdad que hay factores estructurales que están jugando en contra del sistema: el modo en que Pedro Estrada expande su influencia y el ámbito de su represión; la unidad de las fuerzas opositoras, que da a algunos sectores sociales la tranquilidad de una relativa paz política; y la insatisfacción del sector propietario burgués de Venezuela con el camino de desarrollo delineado por la tecnocracia militar y su rol en este. Pero, en esencia, fue el hecho de que Pérez Jiménez se había convertido en un factor político por encima de las Fuerzas Armadas que decía representar, lo que chocó frente a cualquier tipo de aspiración sucesoral de una élite militar que se consideraba preterida en sus derechos; y esto, a mi juicio, hizo irreversible la caída. Claro, es fácil ver esto retrospectivamente. Como alguna vez les dijo Manuel García Pelayo a los jóvenes investigadores del IEP a finales de los setenta: «todo el mundo sabe por qué cayó Pérez Jiménez».
¿Cómo evolucionó la relación entre la Iglesia católica y el gobierno militar, pasando de una etapa inicial de entendimiento y coincidencia en la búsqueda del orden a la abierta confrontación tras la famosa Carta Pastoral de Monseñor Arias Blanco en mayo de 1957, y qué peso político tuvo la pérdida del respaldo eclesiástico en la deslegitimación final del régimen?
La confrontación entre la Iglesia y el gobierno militar luego de 1957 se ha magnificado un poco en la mitología autocomplaciente. La expresión de monseñor Arias Blanco era la voz de un sector de la opinión católica crítico, como ya hemos establecido, de los elementos de desigualdad en medio de la bonanza material del país; era una crítica desde las perspectivas de la doctrina social de la Iglesia, pero no toda la Iglesia compartía este criterio. La Iglesia, en general, había contribuido de manera relativamente entusiasta a la legitimación del sistema militar, originalmente en reacción al anticlericalismo que el sector más radical de Acción Democrática había promovido durante el trienio.
No hay que minimizar la fuerza de ese rechazo: la Iglesia venezolana tenía varias décadas intentando algún tipo de autonomía y había logrado relativos avenimientos con el Estado desde comienzos del siglo XX. El retorno de un laicismo agresivo causó resquemores no necesariamente infundados, y la idea de vincular la doctrina social católica con la democracia todavía no era el criterio estándar de la política católica; los partidos demócratas cristianos modernos apenas estaban naciendo a finales de los años 40, y la Iglesia plantearía su preferencia por la democracia décadas más tarde.
La persecución a líderes y figuras católicas existió si estas estaban expresando algún tipo de queja con respecto al sistema militar. Dirigentes socialcristianos habían sufrido de acoso y persecución creciente, y esto había radicalizado a algunos de los cuadros más jóvenes del partido COPEI (como ilustra la expulsión de Luis Herrera Campins, siendo líder estudiantil a inicios de los años 50). La pastoral de Arias Blanco es un caso significativo porque, la verdad, se trataba de una crítica relativamente oblicua al sistema imperante, hablando de los sueldos y los salarios y sin mención de las venideras elecciones. A lo más, repetía los puntos que Caldera había hecho en el Congreso Católico Bolivariano unos meses antes, y eran parte de la discusión de jóvenes socialcristianos universitarios.
Sin embargo, la reacción del gobierno fue severa: se censuró la reproducción de la pastoral en el diario La Religión; se inició la vigilancia contra el padre Pedro Pablo Barnola, rector de la Universidad Católica, quien fuera protegido o neutralizado por las autoridades jesuitas al enviarlo al Colegio Javier de Barquisimeto. Jóvenes de la Universidad Católica colaboraron con jóvenes de la Universidad Central en las protestas estudiantiles de finales del 57, pero aun así, la Iglesia participó en todas las celebraciones oficiales del calendario cívico-religioso, sin alusión directa a los hechos. Y no puede olvidarse que el dirigente político católico más importante del país, Rafael Caldera, fue neutralizado como candidato viable ante las eventuales elecciones presidenciales con su arresto y expulsión del territorio.
¿En qué medida las dinámicas de centralización estatal y los mecanismos de contención social desarrollados durante la década militar condicionaron, por reacción o por herencia, la estructura de gobernabilidad del sistema democrático naciente que usted denomina la «Segunda República Liberal Democrática»?
Tanto la centralización estatal como la represión y coerción del Estado son elementos continuos de la forja del Estado venezolano; siendo la segunda relajada relativamente bajo el sistema de democracia representativa, como hemos señalado antes, pero la primera apenas embrionariamente con el proceso de descentralización administrativa de los años noventa. Para las élites políticas venezolanas de la primera mitad del siglo XX, y cuya influencia se proyecta hasta finales del siglo pasado, el federalismo era sinónimo de guerra civil y regionalismos disolventes.
El régimen militar no fue, en ese sentido, más centralista que la democracia representativa. Con respecto a los temas de desarrollo nacional y la distribución del gasto público, es cierto que el régimen militar tenía en Caracas una suerte de vitrina del desarrollo fastuosa, y que la redistribución de recursos hacia el resto de los estados del país —especialmente el desarrollo rural— fue una decisión consciente de las primeras décadas de la democracia representativa. Pero, igual, esto correspondía a una planificación central y, por lo tanto, a una decisión de variable sensibilidad desde Miraflores y sus oficinas de planificación.
¿A qué responde conceptualmente su definición de la etapa iniciada en 1958 como la «Segunda República Liberal Democrática» y cómo interpreta usted, dentro de ese contexto, el resurgimiento del interés y la nostálgica revalorización de la década militar entre las juventudes contemporáneas?
Mi categorización es esencialmente cronológica, en atención a un proyecto común de investigación y divulgación histórica que por medio de la Fundación Rómulo Betancourt —gracias a la generosidad de Virginia Betancourt— tuve el honor de compartir con historiadores como Manuel Caballero, Diego Urbaneja, Naudy Suárez, Tomás Straka, Elena Plaza y Margarita López Maya, entre otros. Yo era de lejos el más joven del grupo y el único que venía de la Ciencia Política, y el proyecto de investigación estaba delineado en un esquema de comprensión establecido por el profesor principal del proyecto, Germán Carrera Damas.
Él ya había definido al trienio adeco como la «Primera República Liberal Democrática», lo cual, hasta cierto punto, forzaba la denominación de mi parte: Carrera diferencia entre la República Liberal Aristocrática y la República Liberal Autocrática, refiriéndose a «liberal» en su sentido de sistema económico y de relaciones entre Estado y sociedad en torno a los temas de la propiedad individual y la no intervención del Estado como agente económico (caracterización que entiendo, pero que no comparto del todo); siendo «aristocrática» y «autocrática» términos que se explican por sí mismos.
Dicho esto, yo quise darle una perspectiva distinta, porque la verdad es que recuperar el sentido de «liberal» desde una perspectiva puramente económica era insuficiente para la etapa 1958-1998. En Venezuela, al menos desde 1936, ha habido algún tipo de intervención económica importante del Estado en la economía, siendo durante décadas el Estado el actor fundamental del sistema. Digo esto como descripción y no como caracterización necesariamente positiva. En cualquier caso, para mí, «liberal» significaba un sistema de poder limitado y constitucionalmente acotado (por los períodos presidenciales, por la división de poderes, por la persistencia de derechos, libertades y garantías político-civiles, etc.).
El término «democrático» implicaba para mí el contenido socioeconómico, pero también el modo de participación política propio del período: el ciudadano promedio adquiere o mantiene el derecho a la participación política por medio del sufragio al modo de obtener ventajas materiales para su vida; es decir, una redistribución favorable a su desarrollo humano, no como concesión graciosa y paternal desde el Estado, sino como derecho económico y social constitucionalmente garantizado. Ese sistema liberal democrático era, en realidad, una corrección del primer experimento, aunque también se le vea razonablemente como una continuidad. Sin embargo, en la «Primera República» prácticamente no hay cabida para el ejercicio pluralista de la democracia fuera del partido de gobierno, y eso limita la caracterización de «liberal» para aquel experimento, en el sentido al que me he referido.
Más recientemente, prefiero aferrarme a la categoría de Estado Social de Derecho para hablar del sistema económico y social de Venezuela en esa época. Más allá de las reformas de orientación de economía de mercado —aquí sí de economía liberal— en los años 90, las excepciones de la desregulación económica apuntaban a sostener elementos de ese Estado social, como se observa en los planes de gobierno de las segundas administraciones de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. La propia Constitución de 1999 mantiene explícitamente esa distinción para el Estado venezolano, pero también hay que decir que nunca se constitucionalizaron —tras la derrota del chavismo en el referendo constitucional del año 2007— las acciones contrarias a la propiedad privada y a las libertades económicas más agresivas que se impulsaron en la época de mayor intervencionismo económico de la Revolución Bolivariana. Pero este es otro debate.
Con respecto a la nostalgia hacia la década militar, mi opinión ha ido evolucionando. En la medida en que algunos jóvenes juzguen al chavismo como una continuación radicalizada de la democracia representativa, y estableciendo esa continuidad desde el fracaso de la planificación económica centralizada, es natural que se vea con nostalgia lo que parece el último momento de desarrollo indiscutible de Venezuela. Admitiendo, además, que algunas de las mejoras económicas de los años recientes se dan en un marco distinto al de las libertades públicas, esto debería reforzar el criterio de que un sistema democrático no es necesario para el desarrollo social y económico del país. Esa no es una idea exactamente radical o revolucionaria: ¡ha sido la justificación del gobierno bolivariano desde el año 2019, y continúa en la etapa actual!
Sí me preocupa una serie de mitos diversos que sostiene esa misma nostalgia. Primero, la aspiración a un liderazgo militar, considerando las diferencias enormes entre la institución armada de mediados del siglo pasado y las circunstancias de las fuerzas de seguridad del tiempo presente. Segundo, el mito según el cual la empresa privada estaba mejor con el régimen militar, y esto es discutible en varios niveles. Pérez Jiménez fue uno de los primeros presidentes venezolanos en instituir de manera permanente una oficina de planificación central del Estado —la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República—, de modo que elementos de subsidio, controles de importaciones y establecimiento de industrias básicas y estratégicas limitaban grandemente la libertad económica. Sin embargo, había libertad económica amplia en términos de la desregulación laboral, lo cual iba en paralelo con la represión a los sectores críticos en materia socioeconómica. Pero convertir a Pérez Jiménez en una suerte de libertario es, a mi juicio, incorrecto.
Mi propio pensamiento, por sensibilidades liberales y pluralistas, sigue siendo crítico con respecto al régimen militar, pero sería mezquino escamotearle su rol debido en la historia del desarrollo del Estado y de la sociedad venezolana.
Para concluir, ¿cuál es la lección institucional fundamental que deja el estudio de esta década militar para comprender las constantes históricas de la Venezuela moderna y su búsqueda recurrente de desarrollo mediante modelos autoritarios?
A finales del siglo XIX, José Gil Fortoul reclamaba que debíamos revisar nuevamente el período colonial sin las pasiones de la guerra de emancipación. Hoy que estamos más lejos del régimen militar que el historiador barquisimetano estaba de, digamos, 1830, quizás es una buena advertencia. Todo período histórico merece la pena ser estudiado. Es decisión de aquel que estudia la historia —ya como historiador profesional o ya como venezolano que trata de observar su contexto y comprenderlo— la valoración que se haga de los hechos del pasado.
Creo que es positivo no idealizar ninguna etapa indebidamente, pero tampoco satanizarla por completo. No digo esto con intención de relativizar la violencia, la corrupción o la represión, sino para que establezcamos claramente cuáles eran los incentivos y las inercias que inclinaron a los actores a decisiones determinadas. A mi juicio, la debilidad y el aprovechamiento material del poder, correlativos al carácter extractivo del Estado y cerrado de sus élites, son variables críticas determinantes para establecer cómo podemos juzgar los diversos períodos históricos. Pero estos no son los únicos modos de verlo.
Con todo, creo que la historiografía ha sido relativamente equilibrada con respecto al sistema militar, incluso más que con la democracia representativa. Aquél no fue ni la época dorada que perdimos, ni la aberración de la que hemos querido convencernos. Si bien esto no era aparente al menos hasta los años 80, el panorama es muy distinto en el tiempo actual. Por eso, celebro los esfuerzos divulgativos que ustedes están llevando a cabo.
Agradezco, en nombre de todo el equipo de Idearium Caribe, las últimas palabras, profesor Aveledo. Sus apreciaciones me dejaron con buenas impresiones, especialmente en algunas que, desde este momento, volveré a revisar y otras a inaugurar con renovada curiosidad. Por otro lado, no queda más que darle a usted las más afectuosas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conversación. Desde Idearium Caribe nos esforzamos mucho por llevar a todos los venezolanos parcelas de entendimiento histórico, de manera que cada venezolano pueda explorar esas tierras llenas de enseñanzas valiosas para discernir la nacionalidad venezolana. Hay una necesidad de hacer Historia y entender la Historia, y aunque no todos poseen el título, hay quienes, con honestidad, desean destejer los procesos históricos y conocer el resultado que hoy se experimenta. Atendiendo a nuestra historia nacional, sé que todos, a pesar de sus diferencias, desean nuevamente una Venezuela de direcciones claras, civismo y destinos positivos.
Gran entrevista con una gran figura en el área como el doctor Tell Aveledo.
¡Gran entrevista!